Comunicado De Apoyo a La Marcha

A toda la comunidad Uniandina,

A pesar del paso de los años, Colombia continúa azotada por el flagelo del secuestro. Nuestra comunidad volvió a sentir de cerca ésta realidad cuando el pasado domingo 13 de enero fueron secuestrados en Nuquí (Chocó) 6 excursionistas entre los que se encontraban Alf Onshuus Niño y su esposa Ana María Aldana Serrano (profesores Uniandinos) y Alejandro Torres Hoyos (estudiante Uniandino).
Este hecho constituye una prueba fehaciente de que en Colombia todos los ciudadanos somos vulnerables a un delito que no hace ninguna distinción a la hora de cobrar victimas, razón por la cual todos debemos manifestarnos en contra de los grupos violentos que realizan éste tipo de prácticas.
AL DERECHO rechaza el secuestro en todas sus manifestaciones; no existe ningún tipo de justificación monetaria, publicitaria o política para seguir cometiendo uno de los más terribles vejámenes que el hombre padece en la actualidad. De la misma manera, nos solidarizamos con los familiares de todos los secuestrados y exigimos su liberación inmediata e incondicional.

Por último, queremos invitar a toda la comunidad Uniandina a participar en la marcha del próximo 4 de Febrero; no podemos ser indiferentes a un delito al que somos todos igualmente vulnerables.

Consejo Editorial
Periódico AL DERECHO
Representantes Estudiantiles
Facultad de Derecho, Uniandes.
Enero de 2008.

PROHIBIDO MORIR EN ELECCIONES

Por Jorge Salazar



Es época de elecciones. En medio del vendaval de acusaciones de corrupción y trasteo de votos, se me ocurrió recordar la extraña muerte de un sujeto extraño: Edgar Allan Poe, encontrado en Baltimore el 3 de octubre de 1849, al pie de un colegio electoral en estado de delirium tremens, del que nunca saldría. Su muerte permaneció en el misterio, digno epitafio para quien ha sido justamente llamado El poeta del misterio.

Su biógrafo, albacea testamentario y traidor, el reverendo Rufus Wilmor Griswold, se encargó de dar al mundo la imagen de un Poe consumido por el alcohol, el opio y otras pasiones malditas; la imagen de un hombre casi siniestro, casi pedófilo, casi incestuoso, atormentado por los fantasmas de una infancia turbulenta y de una vida no menos turbulenta. Un hombre así sólo podía morir en medio del arroyo, anegado en su propio vómito, borracho perdido. Una muerte digna, insisto, para el escritor de algunas de las más “espléndidas pesadillas” de la literatura universal.

Lo malo del mito de Poe es que no parece ser históricamente cierto, si nos atenemos a la cuidadosa investigación llevada a cabo por Georges Walter. Walter afirma, entre otras cosas, que el legendario alcoholismo de Poe debe ser revisado. También deben ser matizados muchos otros puntos de su atormentada vida, pero en particular, debe revisarse la versión oficial de los hechos de su muerte, producto de la pluma de Griswold. Todo esto porque, de haber cometido Poe una grave equivocación, ésta fue confiar su legado al reverendo Griswold, poeta absolutamente menor y quien sentía hacia Poe una mezcla de envidia y resentimiento. En efecto, en una antología de la poesía norteamericana, Poe había desdeñado olímpicamente la obra de Griswold. Este nunca lo perdonó. A la muerte de Poe, tuvo en sus manos la oportunidad de una venganza póstuma y no la desperdició. Su versión sesgada de Poe todavía es repetida incansablemente por los biógrafos y ha sido decisiva a la hora de trazar la leyenda negra alrededor de su vida y su muerte.

La investigación de Walter acerca de los días finales de Poe revela algo notable. Era época de elecciones, y como en cualquier remoto villorrio tercermundista, el fraude electoral estaba a la orden del día. Uno de los trucos que utilizaban los candidatos para convencer a sus electores era contratar grupos de matones que ejecutaban con sus víctimas una especie de “paseo millonario electoral”, consistente en que le iban suministrando al cliente generosas cantidades de alcohol, mientras lo llevaban de una urna a otra. Cuando la persona llegaba al colmo de la borrachera, simplemente la dejaban tirada en cualquier callejón, después de haberla inducido a votar varias veces por ciertos candidatos. Esto, si hemos de creer a la versión de Walter, es lo que le ocurrió a Poe, sólo que en este caso, la débil constitución física del poeta, unida a una salud minada por todo tipo de privaciones, le habría impedido sobrevivir a la embriaguez electoral. El inventor de los cuentos policíacos moría en medio de un caso propio de una historia policíaca que requirió más de cien años para ser resuelta. Poe murió de fraude electoral.

LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE 2007: ENTRE LOS RIESGOS ELECTORALES Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Diana Florentina Cardozo
Investigadora Congreso Visible





Durante los últimos años, la legitimidad del sistema político, y más específicamente del sistema de partidos políticos colombianos, se ha visto fuertemente afectada por los escándalos e investigaciones relacionados con la infiltración de grupos armados ilegales en los procesos electorales. Esta infiltración se ha dado mayoritariamente en dos dimensiones; mientras por un lado se ha incrementado el ingreso de dineros ilegales en muchas campañas, por el otro, la guerrilla, los paramilitares y los grupos mafiosos han incidido en los comicios de diferentes regiones del país, a través de amenazas y acciones violentas que tienen como objetivo fundamental capturar el poder local con el fin de mantener ciertas prerrogativas –en el caso de los grupos paramilitares-, o agrietar las instituciones del Estado –en el caso de la guerrilla-. El panorama es preocupante si tenemos en cuenta que según la Misión de observación Electoral, 268 de los 1098 municipios que hay en Colombia fueron identificados como zonas de riesgo electoral en las elecciones del pasado 28 de octubre; que 41 de los 268 congresistas en ejercicio están siendo investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, y que 9 de los 16 partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, tienen por lo menos a uno de sus congresistas inmersos en investigaciones judiciales.
No obstante, frente a estos hechos que muestran una serie de falencias institucionales en torno, por ejemplo, a la inexistencia de una reglamentación estricta con respecto a la responsabilidad de los candidatos y de los partidos y movimientos políticos que los avalan, y una situación compleja en términos de orden público, diferentes entidades gubernamentales, grupos de carácter académico y organizaciones de la sociedad civil adelantaron acciones en diferentes escenarios con el fin de blindar el proceso electoral de la incidencia de los actores ilegales. Una de estas iniciativas –en este caso desde la sociedad civil-, fue la que se adelantó a través de la Misión de Observación Electoral –MOE-, que consistió en identificar los mayores riesgos electorales en todo el país, con el propósito de implementar medidas especiales de protección para evitar que dichos peligros se transformaran en delitos electorales consumados. Adicionalmente, Congreso Visible, el portal de Internet Terra Colombia, la revista Semana, Colprensa, Fescol, PNUD, Transparencia por Colombia, la embajada británica y la GTZ establecieron una alianza institucional conocida como votebien.com; esta iniciativa tuvo como principal objetivo entregarle a los ciudadanos documentos periodísticos y académicos con el fin de que quienes tuvieran acceso a esta información pudieran ejercer su voto de manera informada. La información contenida en esta página web contó con investigaciones de primera mano en cuatro áreas fundamentales, a saber: zonas de alto riesgo electoral, financiación de campañas, perfiles de los principales candidatos en las distintas corporaciones en contienda y noticias relacionadas con las elecciones en todas las zonas del país.
Otra de las acciones implementadas para hacerle frente a este fenómeno se originó en el Congreso de la República, donde han sido radicados dos proyectos de Acto Legislativo –uno presentado por el gobierno nacional y otro presentado por un grupo de representantes a la Cámara-. Entre las propuestas de estos proyectos sobresalen aquellas que buscan otorgarle responsabilidad política y jurídica a los partidos y movimientos políticos a través del establecimiento de sanciones no sólo para el congresista que sea encontrado culpable de incurrir en prácticas relacionadas con irregularidades de cualquier tipo en las contiendas electorales, sino también y de manera proporcional, para las organizaciones partidistas que los avalaron. Habría que decir, sin embargo, que estas iniciativas fueron presentadas sólo dos meses antes de la contienda electoral haciendo que no pudieran ser aprobadas antes de las elecciones, ya que dado su carácter de Acto Legislativo se requerían ocho debates para que se convirtieran en una reforma constitucional.
Si bien el escenario es complejo, se está dando un proceso de sensibilización y visibilización en torno a la incidencia de actores ilegales en la política, y su infiltración en algunas esferas estatales. Es necesario entonces, exaltar las acciones que se desplegaron desde diversos ámbitos para que las pasadas elecciones del 28 de octubre, transcurrieran sin mayores inconvenientes y los posibles riesgos identificados no pudieran convertirse en delitos electorales. Sin embargo, hay que recordar que los cambios en las prácticas políticas tradicionales, en este caso las prácticas que implican la perpetración de delitos electorales, dependen de un proceso de largo plazo que combina entre otras cosas cambios en las reglas de juego institucionales que modifiquen lo mecanismos establecidos o que generen sanciones a las prácticas irregulares, un proceso de visibilización y censura por parte de la sociedad a dichas prácticas y, por supuesto, la existencia de una cultura de rendición de cuentas en donde los votantes no sólo ejerzan su ciudadanía a través del voto, sino también a partir del seguimiento a las actuaciones públicas de las personas a las cuales eligieron.

El impacto político de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Guillermo Otálora Lozano
Quinto semestre de Derecho




Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalaba su XXXI Periodo Ordinario de Sesiones en Bogotá, el miércoles 17 de octubre, se celebraba el Primer Congreso Interamericano de Derechos Humanos, evento académico en el cual participaron numerosos conferencistas expertos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Ese día, de forma imprevista, uno de los asistentes al evento, el general retirado Farouk Yanine Díaz –presuntamente involucrado en la Masacre de los 19 Comerciantes, y la Masacre de la Rochela (ambos casos fallados por la Corte Interamericana)- tomó la palabra para defender su inocencia, y reprochar que la Corte Interamericana, en su sentencia sobre la Masacre de la Rochela, no hubiera tenido en cuenta una resolución inhibitoria de la Fiscalía General de la Nación, en la investigación que había adelantado contra el general. El general Yanine informó al auditorio, con indignación, que pronto tendría que defenderse de nuevo ante las autoridades judiciales gracias a la reciente sentencia sobre la Masacre de la Rochela.

Durante este Congreso, los distintos conferencistas reiteraron hasta el cansancio que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos no juzga responsabilidades individuales, sino la responsabilidad internacional de los Estados por violación de los derechos humanos. Esto es cierto desde un punto de vista estrictamente jurídico, pues tal es la competencia asignada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como lo ilustra el caso del general Yanine, el impacto que puede tener una sentencia de la Corte Interamericana es mucho mayor que una simple declaración de responsabilidad del Estado, pues la Corte, además de declarar responsabilidades estatales, dispone medidas de reparación. La reparación en el marco del sistema interamericano es un concepto muy amplio, y que cada vez más se expande para incluir más medidas de satisfacción y garantías de no-repetición, además de las simples indemnizaciones. Así, cuando la Corte encuentra que el Estado no ha llevado a cabo una investigación seria sobre los hechos objeto de la sentencia, ordena al Estado investigar de nuevo. Incluso, desde la sentencia C-004/03 de la Corte Constitucional, se admite un quebrantamiento de la cosa juzgada en materia penal, para admitir la acción de revisión en casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya determinado un incumplimiento protuberante de la obligación del Estado de investigar violaciones graves de los derechos humanos. Aun cuando la Corte no determina responsabilidades individuales, sus sentencias sí pueden tener efectos indirectos sobre la responsabilidad penal de ciertos individuos.

Pero mucho más allá de los efectos concretos que producen las órdenes dictadas por la Corte Interamericana –que claramente trascienden la simple declaración de responsabilidad internacional-, ésta tiene un impacto inmenso sobre el establecimiento de la ocurrencia de ciertos hechos en distintos países.

Por la acción del sistema interamericano, el Perú de la era Fujimori es uno relacionado inevitablemente con las masacres perpetradas por el grupo Colina, las capturas de la Dincote, las torturas, las masacres en las prisiones, la persecución hacia los medios de comunicación y los atentados contra la independencia judicial.

De igual manera, para el caso colombiano y gracias a la Corte Interamericana, una circunstancia que hace diez años se ponía en duda, hoy es una verdad que pocos se atreverían a cuestionar, y es una conexión muy clara entre el Estado y las fuerzas paramilitares. Varias organizaciones paramilitares encontraron su origen en la autorización legal para funcionar, y posteriormente, encontraron un invaluable apoyo en algunos elementos de las Fuerzas Militares. ¿Cómo se habrían podido perpetrar las Masacres de Mapiripán, de Ituango o de Pueblo Bello sin la colaboración del Ejército Nacional?

Cuando los principales jefes paramilitares hicieron pública su intención de desmovilizarse, comenzaron a presentarse como líderes de movimientos de resistencia contra las guerrillas, como la protección que estuvo ahí cuando el Estado se negó a cumplir sus funciones. Así pretendían hacerse a una inmediata participación legal en la política nacional, intentando seguir el ejemplo del M-19. Pero rápidamente se fue develando la verdadera naturaleza de su accionar. Las brutalidades cometidas por estos grupos contra personas no involucradas en el conflicto mostraban que estas personas distaban mucho de ser los paladines de la justicia como se pretendían presentar a la opinión pública.

Está pendiente de sentencia el caso de Jesús María Valle, un defensor de los derechos humanos en Antioquia, sucesor de Héctor Abad Gómez, quien fue asesinado luego de denunciar la colaboración de las fuerzas militares en las Masacres de Ituango, con lo cual fue señalado por el entonces Gobernador de Antioquia de ser un “enemigo de las fuerzas armadas”. Hace un año, la Corte Interamericana le dio la razón a Jesús María Valle, al demostrar que las fuerzas armadas efectivamente estuvieron involucradas en esas masacres.

Cuando la Corte Interamericana instaló su período extraordinario de sesiones, el presidente Uribe pidió hacer caso omiso de los informes recientes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los últimos años por el Ejército. Señaló que “cada vez que las guerrillas sienten que hay un avance de las fuerzas institucionales contra ellos, el expediente al cual apelan es que se están violando los derechos humanos”, y con eso cometió un error estratégico. La estigmatización de las víctimas es algo que no produce ningún tipo de reacción negativa en el país, en Perú los políticos siguen señalando como “terroristas” a las víctimas de la Masacre del Penal Castro Castro. Pero es algo que ratifica la imagen de Colombia como un Estado asesino y terrorista, y que probablemente guiará a la Corte en casos futuros en su apreciación sobre el contexto colombiano.

La Corte Interamericana tiene un impacto indudable sobre la vida política de este y otros países, y las particularidades de la región no dejarían que esto fuera de otra manera. En países donde no existe un verdadero Estado de derecho, y donde son perpetrados ataques sistemáticos desde el Estado mismo contra la población civil, las instancias judiciales internacionales muchas veces terminan siendo la única forma de reivindicar las exigencias de justicia de víctimas estigmatizadas por la sociedad mayoritaria.

Entrevista al presidente Uribe

En días pasados, los directores (...)




Entrevistaron al presidente Alvaro Uribe Velez.