LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE 2007: ENTRE LOS RIESGOS ELECTORALES Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Diana Florentina Cardozo
Investigadora Congreso Visible





Durante los últimos años, la legitimidad del sistema político, y más específicamente del sistema de partidos políticos colombianos, se ha visto fuertemente afectada por los escándalos e investigaciones relacionados con la infiltración de grupos armados ilegales en los procesos electorales. Esta infiltración se ha dado mayoritariamente en dos dimensiones; mientras por un lado se ha incrementado el ingreso de dineros ilegales en muchas campañas, por el otro, la guerrilla, los paramilitares y los grupos mafiosos han incidido en los comicios de diferentes regiones del país, a través de amenazas y acciones violentas que tienen como objetivo fundamental capturar el poder local con el fin de mantener ciertas prerrogativas –en el caso de los grupos paramilitares-, o agrietar las instituciones del Estado –en el caso de la guerrilla-. El panorama es preocupante si tenemos en cuenta que según la Misión de observación Electoral, 268 de los 1098 municipios que hay en Colombia fueron identificados como zonas de riesgo electoral en las elecciones del pasado 28 de octubre; que 41 de los 268 congresistas en ejercicio están siendo investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, y que 9 de los 16 partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, tienen por lo menos a uno de sus congresistas inmersos en investigaciones judiciales.
No obstante, frente a estos hechos que muestran una serie de falencias institucionales en torno, por ejemplo, a la inexistencia de una reglamentación estricta con respecto a la responsabilidad de los candidatos y de los partidos y movimientos políticos que los avalan, y una situación compleja en términos de orden público, diferentes entidades gubernamentales, grupos de carácter académico y organizaciones de la sociedad civil adelantaron acciones en diferentes escenarios con el fin de blindar el proceso electoral de la incidencia de los actores ilegales. Una de estas iniciativas –en este caso desde la sociedad civil-, fue la que se adelantó a través de la Misión de Observación Electoral –MOE-, que consistió en identificar los mayores riesgos electorales en todo el país, con el propósito de implementar medidas especiales de protección para evitar que dichos peligros se transformaran en delitos electorales consumados. Adicionalmente, Congreso Visible, el portal de Internet Terra Colombia, la revista Semana, Colprensa, Fescol, PNUD, Transparencia por Colombia, la embajada británica y la GTZ establecieron una alianza institucional conocida como votebien.com; esta iniciativa tuvo como principal objetivo entregarle a los ciudadanos documentos periodísticos y académicos con el fin de que quienes tuvieran acceso a esta información pudieran ejercer su voto de manera informada. La información contenida en esta página web contó con investigaciones de primera mano en cuatro áreas fundamentales, a saber: zonas de alto riesgo electoral, financiación de campañas, perfiles de los principales candidatos en las distintas corporaciones en contienda y noticias relacionadas con las elecciones en todas las zonas del país.
Otra de las acciones implementadas para hacerle frente a este fenómeno se originó en el Congreso de la República, donde han sido radicados dos proyectos de Acto Legislativo –uno presentado por el gobierno nacional y otro presentado por un grupo de representantes a la Cámara-. Entre las propuestas de estos proyectos sobresalen aquellas que buscan otorgarle responsabilidad política y jurídica a los partidos y movimientos políticos a través del establecimiento de sanciones no sólo para el congresista que sea encontrado culpable de incurrir en prácticas relacionadas con irregularidades de cualquier tipo en las contiendas electorales, sino también y de manera proporcional, para las organizaciones partidistas que los avalaron. Habría que decir, sin embargo, que estas iniciativas fueron presentadas sólo dos meses antes de la contienda electoral haciendo que no pudieran ser aprobadas antes de las elecciones, ya que dado su carácter de Acto Legislativo se requerían ocho debates para que se convirtieran en una reforma constitucional.
Si bien el escenario es complejo, se está dando un proceso de sensibilización y visibilización en torno a la incidencia de actores ilegales en la política, y su infiltración en algunas esferas estatales. Es necesario entonces, exaltar las acciones que se desplegaron desde diversos ámbitos para que las pasadas elecciones del 28 de octubre, transcurrieran sin mayores inconvenientes y los posibles riesgos identificados no pudieran convertirse en delitos electorales. Sin embargo, hay que recordar que los cambios en las prácticas políticas tradicionales, en este caso las prácticas que implican la perpetración de delitos electorales, dependen de un proceso de largo plazo que combina entre otras cosas cambios en las reglas de juego institucionales que modifiquen lo mecanismos establecidos o que generen sanciones a las prácticas irregulares, un proceso de visibilización y censura por parte de la sociedad a dichas prácticas y, por supuesto, la existencia de una cultura de rendición de cuentas en donde los votantes no sólo ejerzan su ciudadanía a través del voto, sino también a partir del seguimiento a las actuaciones públicas de las personas a las cuales eligieron.