El impacto político de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Guillermo Otálora Lozano
Quinto semestre de Derecho




Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalaba su XXXI Periodo Ordinario de Sesiones en Bogotá, el miércoles 17 de octubre, se celebraba el Primer Congreso Interamericano de Derechos Humanos, evento académico en el cual participaron numerosos conferencistas expertos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Ese día, de forma imprevista, uno de los asistentes al evento, el general retirado Farouk Yanine Díaz –presuntamente involucrado en la Masacre de los 19 Comerciantes, y la Masacre de la Rochela (ambos casos fallados por la Corte Interamericana)- tomó la palabra para defender su inocencia, y reprochar que la Corte Interamericana, en su sentencia sobre la Masacre de la Rochela, no hubiera tenido en cuenta una resolución inhibitoria de la Fiscalía General de la Nación, en la investigación que había adelantado contra el general. El general Yanine informó al auditorio, con indignación, que pronto tendría que defenderse de nuevo ante las autoridades judiciales gracias a la reciente sentencia sobre la Masacre de la Rochela.

Durante este Congreso, los distintos conferencistas reiteraron hasta el cansancio que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos no juzga responsabilidades individuales, sino la responsabilidad internacional de los Estados por violación de los derechos humanos. Esto es cierto desde un punto de vista estrictamente jurídico, pues tal es la competencia asignada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como lo ilustra el caso del general Yanine, el impacto que puede tener una sentencia de la Corte Interamericana es mucho mayor que una simple declaración de responsabilidad del Estado, pues la Corte, además de declarar responsabilidades estatales, dispone medidas de reparación. La reparación en el marco del sistema interamericano es un concepto muy amplio, y que cada vez más se expande para incluir más medidas de satisfacción y garantías de no-repetición, además de las simples indemnizaciones. Así, cuando la Corte encuentra que el Estado no ha llevado a cabo una investigación seria sobre los hechos objeto de la sentencia, ordena al Estado investigar de nuevo. Incluso, desde la sentencia C-004/03 de la Corte Constitucional, se admite un quebrantamiento de la cosa juzgada en materia penal, para admitir la acción de revisión en casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya determinado un incumplimiento protuberante de la obligación del Estado de investigar violaciones graves de los derechos humanos. Aun cuando la Corte no determina responsabilidades individuales, sus sentencias sí pueden tener efectos indirectos sobre la responsabilidad penal de ciertos individuos.

Pero mucho más allá de los efectos concretos que producen las órdenes dictadas por la Corte Interamericana –que claramente trascienden la simple declaración de responsabilidad internacional-, ésta tiene un impacto inmenso sobre el establecimiento de la ocurrencia de ciertos hechos en distintos países.

Por la acción del sistema interamericano, el Perú de la era Fujimori es uno relacionado inevitablemente con las masacres perpetradas por el grupo Colina, las capturas de la Dincote, las torturas, las masacres en las prisiones, la persecución hacia los medios de comunicación y los atentados contra la independencia judicial.

De igual manera, para el caso colombiano y gracias a la Corte Interamericana, una circunstancia que hace diez años se ponía en duda, hoy es una verdad que pocos se atreverían a cuestionar, y es una conexión muy clara entre el Estado y las fuerzas paramilitares. Varias organizaciones paramilitares encontraron su origen en la autorización legal para funcionar, y posteriormente, encontraron un invaluable apoyo en algunos elementos de las Fuerzas Militares. ¿Cómo se habrían podido perpetrar las Masacres de Mapiripán, de Ituango o de Pueblo Bello sin la colaboración del Ejército Nacional?

Cuando los principales jefes paramilitares hicieron pública su intención de desmovilizarse, comenzaron a presentarse como líderes de movimientos de resistencia contra las guerrillas, como la protección que estuvo ahí cuando el Estado se negó a cumplir sus funciones. Así pretendían hacerse a una inmediata participación legal en la política nacional, intentando seguir el ejemplo del M-19. Pero rápidamente se fue develando la verdadera naturaleza de su accionar. Las brutalidades cometidas por estos grupos contra personas no involucradas en el conflicto mostraban que estas personas distaban mucho de ser los paladines de la justicia como se pretendían presentar a la opinión pública.

Está pendiente de sentencia el caso de Jesús María Valle, un defensor de los derechos humanos en Antioquia, sucesor de Héctor Abad Gómez, quien fue asesinado luego de denunciar la colaboración de las fuerzas militares en las Masacres de Ituango, con lo cual fue señalado por el entonces Gobernador de Antioquia de ser un “enemigo de las fuerzas armadas”. Hace un año, la Corte Interamericana le dio la razón a Jesús María Valle, al demostrar que las fuerzas armadas efectivamente estuvieron involucradas en esas masacres.

Cuando la Corte Interamericana instaló su período extraordinario de sesiones, el presidente Uribe pidió hacer caso omiso de los informes recientes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los últimos años por el Ejército. Señaló que “cada vez que las guerrillas sienten que hay un avance de las fuerzas institucionales contra ellos, el expediente al cual apelan es que se están violando los derechos humanos”, y con eso cometió un error estratégico. La estigmatización de las víctimas es algo que no produce ningún tipo de reacción negativa en el país, en Perú los políticos siguen señalando como “terroristas” a las víctimas de la Masacre del Penal Castro Castro. Pero es algo que ratifica la imagen de Colombia como un Estado asesino y terrorista, y que probablemente guiará a la Corte en casos futuros en su apreciación sobre el contexto colombiano.

La Corte Interamericana tiene un impacto indudable sobre la vida política de este y otros países, y las particularidades de la región no dejarían que esto fuera de otra manera. En países donde no existe un verdadero Estado de derecho, y donde son perpetrados ataques sistemáticos desde el Estado mismo contra la población civil, las instancias judiciales internacionales muchas veces terminan siendo la única forma de reivindicar las exigencias de justicia de víctimas estigmatizadas por la sociedad mayoritaria.